El 31 de diciembre, justo en el momento en que el ex Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, destituía a los valientes fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela -quienes batallaron por llevar presa a Keiko Fujimori-, el presidente Martín Vizcarra, su premier, César Villanueva, y todo su Gabinete Ministerial, hacían público mediante Decreto Supremo 345-2019-EF la Política Nacional de Competitividad y Productividad para todo nuestro Perú. Curiosamente, mientras que la población indignada salía a las calles para defender a los fiscales, pues Chávarry pretendía pasar solapadamente sus  destituciones en pleno  año nuevo, la apuesta política del gobierno si lograba ese mismo cometido. Es decir, Vizcarra si logró hacer pasar su política "entre gallos y media noches".

Esa Política Nacional de Competitividad y Productividad posee varios puntos, uno de ellos es lo concerniente a lo laboral. También está ahí lo que respecta a infraestructura, y así muchos más. Valdría mucho la pena realizar un análisis de todo el documento. En esta breve opinión solo abordaré superficialmente lo concerniente al eje laboral. No soy especialista en el tema, sin embargo creo tener cierta comprensión sobre la lógica que se deja ver detrás de este plan de Vizcarra. Sobre ello va este corto aporte. 

Para empezar, es importante tener en cuenta un concepto transversal a todo este plan; algo que resalta hasta en el título, y que el especialista Farid Matuk ha definido bien en una de sus columnas de opinión. La competitividad.

"El concepto de competitividad considera a la persona como un insumo más en la línea de producción de la empresa. Por ello, este insumo debe ser lo más moderno posible (tener educación de calidad) y estar bien hecho (sin hambre, anemia o desnutrición)". Farid Matuk. En: http://29x55.tumblr.com/post/182351946438/competitividad-vs-sostenibilidad

Teniendo en cuenta ello, ahora podemos entender mejor cuando el documento indica que: "Una economía competitiva se caracteriza por el funcionamiento eficiente e institucionalizado de su mercado laboral" (p. 51). Comprendiendo el concepto de competitividad, entonces ya sabemos a que se está refiriendo este plan con la palabra "funcionamiento". Vayamos a la parte del eje laboral del documento, titulado: "OP Nº 5: Crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo digno". Solo señalaré tres ideas del documento. Una sobre la lógica del igualamiento hacia abajo, otra sobre los costos laborales, y finalmente otra sobre lo que respecta a los despidos y la estabilidad laboral.

Sobre estos puntos el mismo documento del gobierno plantea la siguiente reflexión: "... es preciso indicar que según el reporte de competitividad global del WEF (2018), el Perú se ubica en el puesto 72 de 140 países en el ranking del pilar "eficiencia del mercado de trabajo". En comparación con otros países, el Perú es uno de los países con mayor flexibilidad en la determinación de los salarios, (puesto 16 de 140), con mayores dificultades por contratar y despedir trabajadores, (puesto 128), y con una alta conflictividad en las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores (puesto 102)." (p. 55). Es decir, por la propia pluma -boca- del Ejecutivo, en cada uno de esos ítems, el Perú para lograr ser realmente competitivo debe llegar al puesto número 1. Veamos entonces como lograría eso.

Vayamos al punto sobre la igualación hacia abajo. La idea que deja entrever el documento es que existe un sector de trabajadores "privilegiados", con derechos laborales, que constituyen menos del 10%. Pero que en contraposición a ello, existe más del 80% de trabajadores que no tienen derechos laborales -los "no privilegiados"-. El documento indica: "Cabe precisar que Perú, tomando como referencia el caso del Régimen General, registra mayores costos laborales no salariales respecto a sus pares de la Alianza del Pacífico." (p. 54). Es decir, los costos laborales no salariales, o sea los derechos laborales -ni mencionar a los beneficios-, deben simplemente recortarse para ser como nuestros vecinos de la Alianza del Pacífico, léase para ser más competitivos.

Esta idea de la igualación hacia abajo plantea que esos trabajadores con derechos deben de abandonar sus derechos para ser iguales a los que no los tienen. Y así todos seremos iguales. Esa es la democracia, esa es la democratización que proponen los que esgrimen esa famosa idea de  "competitividad". Es decir, los grandes empresarios y de sus voceros, como uno de sus periodistas amigos, Jaime De Althaus, con quien tuve la oportunidad de debatir en medio del conflicto de la Ley 30288 -mal llamada Ley Pulpin-. De Althaus entonces, sin mayor vergüenza, se aferraba al argumento falaz de defensa de las grandes mayorías solo para golpear a quienes tenían derechos laborales, para quitarles sus derechos y defender así la apuesta de la Ley Pulpin .  (Ver: https://www.youtube.com/watch?v=67n-g0Kn1bI&t=556s)

El segundo punto, los costos laborales. En la cita anterior nos quedó claro que los costos laborales se refieren a los costos que "sufren", que "tienen que dar", los empresarios para dar derechos laborales -o beneficios inclusive- a los trabajadores. Al respecto, el mismo documento hace un análisis sobre el tema: "Llama la atención que, pese a que el régimen laboral del microempresa ha reducido los costos laborales al 6% de la remuneración en comparación con el régimen laboral general (59% de la remuneración), solo el 9% del total de trabajadores de la micro empresa han sido incorporados por sus empleadores al régimen laboral especial descrito." (p. 55). Es decir, a pesar de todos los esfuerzos de los últimos gobiernos y el gran empresariado, probablemente sigue siendo más oneroso para el empresario incorporar a sus trabajadores inclusive a ese régimen laboral de la micro-empresa, que mantenerlo en la informalidad total. Imagínense la dimensión de la explotación a la cuál estamos asistiendo. No, no nos imaginemos, solo recordemos la noticia del joven que murió calcinado en un Kontainer con candado.

Finalmente, como supuestamente tenemos una élite de trabajadores, pues tienen derechos laborales, y como el resto no llega a encajar aún así sea, por ejemplo en este régimen especial de micro-empresa, entonces -piensa el empresariado- hay que terminar por romper ese dique que son los trabajadores que se encuentran en el régimen general -los "privilegiados"-. Para ello entonces hay que eliminar la reposición por despido arbitrario, atentando así contra el problema de fondo: la estabilidad laboral. Al respecto, y citando a otros autores, el documento del Ejecutivo dice: "Incluso, Heckman y Pages (2004) concluyen que una de las consecuencias de la dificultad para despedir trabajadores se expresa en el encarecimiento del término de la relación laboral, el cual puede incidir negativamente en el nivel de empleo formal, además de generar desigualdad en la sociedad." (p. 57). Probablemente aquí se encuentra la conclusión final de lo descrito antes: la desigualdad social sería que unos trabajadores tengan derechos y otros no, pero desigualdad que debe ser igualada hacia abajo, pues los derechos ya no lo son más, son sencillamente costos empresariales.

A inicios del 2000 la Federación de Trabajadores Telefónicos del Perú (FETRATEL), con su abogado, Julio Gamero, lograron arrancarle al Tribunal Constitucional la sentencia que permite que exista la reposición por despido arbitrario. Esta reposición por despido arbitrario sería una de las causantes de esta perversa desigualdad, según los ojos de los empresarios. Pues "Como causa de lo explicado anteriormente, se altera la composición del mercado de trabajo, afectando a los trabajadores jóvenes y aquellos con menos experiencia, ampliando así las diferencias de ingresos entre dichos grupos de trabajadores y los demás." (p. 57). Tal cuál. Esa es la lógica del eje laboral de la Política Nacional de Competitividad y Productividad del actual gobierno de Martín Vizcarra. Una política que aún no recae en objetivos concretos, en indicadores, en presupuesto, o más; pero un plan que a todas luces se ve por donde va. 

Contra esta Política Nacional de Competitividad y Productividad estamos quienes queremos una sociedad distinta, una sociedad que no se rija bajo las lógicas de esa nefasta "competitividad", que es parte de la lógica general del modelo neoliberal, donde el trabajador, la naturaleza, y todo no es más que un insumo más para hacer dinero. Contra ello estamos, pero también por una sociedad más justa, con igualdad de derechos para todos y todas, pero no en la lógica de la igualación hacia abajo (hacia ser más pobres), sino bajo la lógica de ser una sociedad con democracia pero con justicia social, con un país industrializado, con mucho trabajo, pero con buenos sueldos, con derechos y beneficios que permitan a cualquier poblador de nuestro país vivir y desarrollarse plenamente en sociedad. Hacia eso debemos ir.

Aún la población no es consiente de lo que implica esta Política Nacional de Competitividad y Productividad, que tiene tantos ejes sociales, y que ha pasado por agua tibia aún, salvo la multitudinaria movilización del 15 de enero impulsada por la CGTP. Espero este aporte sirva en parte. 

Ver el plan: https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/decreto-supremo/18913-decreto-supremo-n-345-2018-ef/file